PEDRO RODRÍGUEZ - 18-12-2005 - ABC
Bush insiste en que consultó con líderes parlamentarios y critica las filtraciones sobre un programa descrito como «herramienta vital» en la lucha contra Al Qaida
WASHINGTON. Al cheque en blanco que el presidente Bush recibió tras el 11-S parece que se le empiezan a agotar sus aparentemente ilimitados fondos. En un duro golpe a las tácticas utilizadas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra Al Qaida, el Senado federal se ha negado a prorrogar varias de las prerrogativas gubernamentales incluidas en la legislación antiterrorista conocida como «Patriot Act». Una oposición parlamentaria solidificada al trascender que la Casa Blanca autorizó a los servicios de inteligencia escuchas sin autorización legal dentro de Estados Unidos en busca de indicios terroristas.
Ante este nuevo escándalo, especialmente sensible en un país que teóricamente idolatra la privacidad, el presidente tuvo ayer que salir a la palestra y utilizar su alocución radiofónica de los sábados para justificar estas tácticas intrusivas. Siguiendo con su racha de admisiones, George W. Bush reconoció que desde el 11-S personalmente autorizó en treinta ocasiones a la Agencia Nacional de Seguridad «pinchazos» de conversaciones telefónicas y correos electrónicos.
De acuerdo a los ocho minutos de explicaciones ofrecidas por Bush, a veces con un tono evidentemente molesto, este programa secreto cuya extensión se renueva cada 45 días «es crucial para nuestra seguridad nacional» y no viola derechos fundamentales de los estadounidenses, ya que se limita a individuos dentro de Estados Unidos vinculados de forma clara con Al Qaida. Además de insistir en que el Congreso federal fue informado múltiples veces sobre estas tácticas.
Para George W. Bush, estas escuchas sin permiso judicial constituyen una «herramienta vital en nuestra guerra contra el terrorismo» y han servido para salvar vidas. Argumentando que «el pueblo estadounidense espera que haga todo en mi poder, bajo nuestras leyes y la Constitución, para protegerles a ellos y sus libertades civiles, y eso es exactamente lo que voy a continuar haciendo mientras yo sea presidente de Estados Unidos».
Bush también se despachó contra los senadores que este viernes bloquearon la extensión de las temporales prerrogativas gubernamentales incluidas en la «Patriot Act», la legislación antiterrorista aprobada semanas después del 11-S. Según Bush, la mayoría de miembros de la Cámara Alta que bloqueó esta renovación más allá del próximo 31 de diciembre actuó de forma irresponsable.
Todo este pulso político no se entiende sin los esfuerzos de la Administración Bush por recuperar lo que considera como atribuciones ejecutivas cedidas por anteriores ocupantes de la Casa Blanca. Recalcando como argumento legal para algunas de las actuaciones más polémicas acumuladas desde el 11-S un artículo de la Constitución de Estados Unidos, que reconoce al presidente la autoridad de comandante en jefe. Atribuciones que se unen a la situación de guerra antiterrorista asumida por el gigante americano durante los últimos cuatro años.
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